La flecha

Horacio Pietragalla Corti es un Diputado Nacional que llegó al cargo por ser hijo de dos terroristas: Horacio Pietragalla Ventura y Liliana Corti Boggero. Los padres de Pietragalla militaban en Montoneros, emblemática organización criminal que atentó en contra de la paz social argentina en la década de 1970. Ambos delincuentes fueron abatidos en el marco de la guerra civil que las FFAA de Argentina llevaron a cabo en contra de la subversión de ultraizquierda apañada por Cuba.

Por salvar al país de padecer una cruenta y despiadada dictadura socialista, muchos de los que consiguieron el triunfo patriótico en aquella época están hoy condenados o en camino a ello. Esta persecución ilegal y genocida en contra de un grupo de personas a las que la República Argentina les debe muchísimo es una suerte de política de Estado desde que el gobierno demagógico kirchnerista ascendió al poder en 2003 (en rigor el genocidio con aval gubernamental es anterior, pero fueron los Kirchner los que hicieron de esta acción un exhaustivo plan sistemático).

Pues bien, anticipando el posible cambio de rumbo en el país, vale decir temiendo la caída de la tiranía K, los vengadores de los subversivos caídos en combate quieren evitar por todos los medios a su alcance que el país se pacifique y normalice. Si ello sucede, su legitimidad se vería afectada y la facilidad con la que actualmente viven encontraría obstáculos por parte de una sociedad que ya está harta de mantener vigentes una cantidad incontable de tergiversaciones y mistificaciones que se imponen como si se tratasen de verdades incuestionables.

Así es que Pietragalla, aprovechando su posición en el parlamento nacional, presentó un proyecto de ley mediante el cual solicita que el Poder Legislativo le quite el derecho a amnistía, indulto y conmutación de pena al Poder Ejecutivo, en lo que resulta ser una clara intromisión de un poder del Estado en otro de sus pares.

Para fundamentar esa perpetuación de la venganza, Pietragalla sostiene que su propuesta sólo apunta a reglamentar lo ya dictado por los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional en su nefasta reforma de 1994. Es decir el fruto de los terroristas considera que como nuestra Carta Magna nacional adhiere de modo automático y sin debate alguno sobre su conveniencia a una serie de tratados internacionales, entonces debe quitársele poder a los gobernantes para evitar que éstos osen desviarse de esa ciega y sorda obediencia a la letra redactada fuera del país.

Lo irónico de esto es que Pietragalla declara que “una ley de estas características serviría como una reafirmación de las instituciones democráticas sobre la gravedad de los delitos de lesa humanidad y la obligación del juicio y castigo para sus responsables”. Este concepto, claramente, incluye una contradicción: si la gente elige democráticamente a un líder que decide indultar a todas las víctimas de la revancha setentista pero éste no puede hacerlo porque hay una disposición (los tratados internacionales) que proviene desde afuera que se lo impide, ¿acaso no se sustituye a la voluntad popular –base de la democracia– por la voluntad de los juristas que redactaron los tratados internacionales?

Pietragalla demuestra no ser democrático, pues está aterrado con lo que el pueblo argentino puede llegar a hacer una vez que decida sacudirse al apocalíptico jinete kirchnerista que quiere llevar al país hacia el abismo. Quiere extirparle al pueblo argentino el derecho a volver empezar, pues a él le conviene que el tiempo vaya siempre para adelante, como una flecha que viaja hacia su objetivo sin importar lo que se le cruce en frente. Por ello el Diputado Nacional Pietragalla proyecta leyes que menosprecian a las instituciones democráticas, imponiéndoles límites para beneficiar a una minoría, claramente, oligárquica.

El boomerang

Sea como sea, si la ley es aprobada (algo que no sería de extrañar en un país como este), entonces habría que hacer lo que Nicolás Márquez sugiere: “urge imperiosamente que cuando se restaure y rescate el estado de derecho en diciembre del año 2015 (puesto que para que tal cosa ocurra es requisito indispensable que el kirchnerismo no esté más en el poder) se lleven adelante todas las acusaciones e imputaciones habidas a jueces, fiscales y funcionarios judiciales de todas las jerarquías que hayan participado directa o colateralmente de esta maquinaria ilegal al servicio del detallado plan generalizado de exterminio físico y/o moral de ancianos civiles o militares que fueron primero mal acusados y posteriormente destratados o apaleados por el ominoso andamiaje estatal.”

Si ellos llevan a cabo una guerra sucia, entonces ésta puede terminar siendo un boomerang.